Democracia participativa y responsabilidades políticas

Los acuerdos del pleno

En el último pleno de nuestra corporación se aprobó definitivamente el Reglamento Orgánico de Funcionamiento Municipal y se debatieron dos mociones: una para solicitar al Gobierno Regional la elaboración de un Plan Singular de Interés Regional (PSIR) para desarrollar suelo industrial en nuestro municipio y la otra moción pedía crear un aparcamiento para autocaravanas para de esta forma atraer a este sector turístico y regular la situación actual, en que las autocaravanas se encuentran por todos los sitios. La primera moción fue aprobada por unanimidad ya que, después de la nueva anulación del Plan General de Ordenación Urbana de Laredo (PGOU), parece que es la única opción posible. La segunda, en cambio, presentada por SSPL, fue rechazada con los votos en contra del PRC y PP, el apoyo de IU y la abstención del PSOE. En el debate de esta última moción creo que algunos confundieron el turismo de autocaravanas con los campistas, que son los clientes de los campings.

Más allá de los acuerdos adoptados en el pleno, las formas de llegar a ellos me han sugerido algunas reflexiones sobre el funcionamiento del sistema democrático en general y del funcionamiento de nuestro ayuntamiento en particular, que quisiera poner de relieve en cuanto a participación ciudadana, relaciones institucionales y responsabilidad política.

¿Participación ciudadana?

El primer punto del orden del día era el Reglamento de Funcionamiento Municipal recientemente aprobado y, como es preceptivo, ha habido un plazo de alegaciones antes de su aprobación definitiva. Se ha presentado una alegación pidiendo que las comisiones informativas fuesen públicas y participación ciudadana en los plenos. El pleno tenía que decidir si acepta o rechaza dicha alegación. Pues bien, en dicho debate, los portavoces del PRC y del PSOE, en lugar de argumentar sobre la alegación y explicar el sentido de su voto, dedicaron gran parte de sus intervenciones a criticar a la persona que ha presentado la alegación por pertenecer a un grupo político. 

Criticaron directamente a Sí Se Puede Laredo por entender que la persona que hizo la alegación es simpatizante de ese grupo. Me parece intolerable y muy grave que representantes políticos nieguen el derecho de cualquier persona a presentar la alegación que estime pertinente. ¿Pretenden limitar tal derecho a las personas que no simpaticen con un grupo político? ¿Son ellos los que deciden quién puede presentar una alegación y quién no? Dijeron que la cuestión alegada ya se había planteado por algún grupo político ¿y qué? Por otra parte, ¿cómo puede saber alguien lo que se ha planteado en una comisión informativa si no son públicas las actas?

Esos representantes políticos no saben lo que significa la participación política. Entienden la democracia como el derecho a votar cada cuatro años. Una vez ejercido ese derecho el que gana se dedica a gobernar y los que pierden pasan a la oposición y los ciudadanos a esperar otros cuatro años. Para ellos la acción política corresponde exclusivamente a los grupos políticos y si alguien pretende individualmente actuar, se le recrimina. ¡Viva la participación política! Con estos concejales censores no creo que la ciudadanía se anime a participar.

Ahora, un PSIR

La segunda cuestión que me llamó la atención por su falta de normalidad y poca elegancia política es la presentación, por parte del PRC, de la moción para solicitar un PSIR al Gobierno Regional para desarrollar suelo industrial. La moción la presenta el PRC, uno de cuyos concejales es el director del SICAN, la empresa pública que se encarga exclusivamente de la promoción y gestión de suelo industrial en Cantabria y después de anunciarse en la prensa la reunión de los tres concejales regionalistas con el Consejero de Industria (casualmente también del PRC). La moción plantea que el PSIR es la única opción para crear suelo industrial. ¿Es este el camino normal o lógico en la relación entre organismos públicos? Yo suponía que entre la ConsejeríaDos chicas con los morros en forma de dar un beso, posan en selfie. de Industria, el SICAN y el Ayuntamiento estaban trabajando desde el comienzo de mandato en la gestión del suelo industrial a través de un Plan Parcial que desarrollara los 500.000 m2 de suelo industrial que aparecía en el PGOU. Ahora dicen que como el Plan está anulado hay que hacer un PSIR, pues les recuerdo que el Plan está anulado desde el 2016. A la pregunta de por qué ahora sí y no hace año y medio el portavoz del PRC no contestó. No parece normal que la relación de una Consejería del Gobierno Regional con un Ayuntamiento se haga a través de sus colegas de partido en lugar de con el alcalde o con la corporación en conjunto. Eso sí, en plan “perdonavidas” el portavoz regionalista dijo que lo presentaban en el pleno para que toda la corporación se sintiera partícipe, pero vamos que a ellos no les hace falta nadie para hacerlo. Que después de tres años de mandato sin suelo industrial en el municipio, teniendo al director del SICAN en la corporación, y parece ser que con el apoyo de la Consejería de Industria, lo único que se plantee es solicitar al Gobierno Regional la elaboración de un PSIR, cuyos trámites, en el mejor de los casos, llevará no menos de tres años, es absolutamente decepcionante.

Responsabilidad política, ¿hay alguien ahí?

La tercera reflexión que me ha sugerido el pleno es el tema de las responsabilidades políticas relacionadas con la anulación del PGOU. En nuestro municipio hemos estado elaborando un Plan de Urbanismo durante 15 años, desde el año 2000 hasta el 2015, con lo que ello supone de lastre para el crecimiento del municipio. Una vez aprobado en el 2015 resulta que es anulado por los tribunales por errores graves. Una primera anulación es por no haber tenido en cuenta la Ley de Telecomunicaciones y, por si fuera poco, una nueva sentencia lo anula por no haberse sometido a exposición pública después de haber introducido modificaciones sustanciales en el proyecto. Después de haber gastado cientos de miles de euros en su elaboración durante quince años, se anula por defectos graves y ¿nadie es responsable? Las corporaciones anteriores que elaboraron y aprobaron el Plan ¿no tienen ninguna responsabilidad? La CROTU, el organismo regional que aprueba el Plan, ¿no tiene ninguna responsabilidad? Si existiera vergüenza política, alguien debería dar explicaciones y dimitir. Aquí ni siquiera sale alguien a balbucear: “lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir”.



Fotografía pequeña de Jesús, el autor.

 

 

Texto: Jesús Hernández Conde.

Ilustraciones: Grupo de Comunicación de SSPL.

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3 comentarios sobre “Democracia participativa y responsabilidades políticas

      • el 29 julio, 2018 a las 9:36 pm
        Permalink

        No pasa nada. ¿Quieres que borre los dos comentarios estos? Lo digo porque no participan de ningún discurso de relevancia. Pero hago lo que me digas, no problem.

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